Ianina Tuñon nos presenta el documento «Condiciones de vida y desarrollo de la Infancia: Continuidades y rupturas de la salida de la pandemia» . Este informe se configura en el marco de los Seminarios Académicos Agenda para la Equidad 2022 y procura dar cuenta de los avances, retrocesos y estancamientos de un conjunto amplio de indicadores en ocho dimensiones de derechos humanos y sociales de la infancia y adolescencia: derecho a la alimentación, a la salud, a un hábitat digno, derecho a la subsistencia, derechos en los procesos de crianza y socialización, derecho a la información, derecho a la educación y a la protección social contra el trabajo infantil.
Si bien se hace mucho foco en la evolución de la incidencia del déficit, privaciones, y/o carencias que experimentan las infancias en cada una de las dimensiones, también se advierte sobre las disparidades sociodemográficas, socioeconómicas, y entre regiones urbanas.
En ese sentido, en cuanto al derecho a la alimentación, el informe evidencia que la seguridad alimentaria en la infancia y adolescencia no está garantizada en el país. El piso de carencias alimentarias se ha elevado de modo significativo a partir del 2018, alcanzando su máximo nivel en 2020, en el marco del ASPO-Covid-19, con un 37,2% de NNyA en situación de riesgo alimentario. La situación post-pandemia en 2021 se retrotrae a los niveles del 2018 y 2019, con un 29,2%. Dentro de la población que ha restringido en cantidad y calidad la ingesta, se reconoce que, en 2021, un 14,9% ha experimentado situaciones de “hambre” por problemas económicos.
Respecto del derecho a la salud, si bien a lo largo de los últimos 10 años se observan variaciones, es una constante que más de la mitad de la población tiene al sistema estatal de salud como única opción para la atención. La crisis social y laboral del ASPO-Covid-19 produjo un incremento e instaló un nuevo piso de protección, que en 2021 se estima en un 58,7% de los NNyA entre 0 y 17 años.
A la hora de analizar los indicadores de controles de la salud del niño, se advierte un deterioro marcado en el contexto ASPO-Covid-19, y una recuperación en Dispo, 2021, aunque no alcanza los valores previos a la pandemia. Se estima que 27,4% de los NNyA no realizó una consulta médica preventiva en los últimos 12 meses, y 57,9% no consultó a un odontólogo entre los 3 y 17 años en igual período de tiempo. Esta situación afecta de modo desigual a las infancias, y correlaciona de modo regresivo con el aumento de la edad y la peor situación social de los hogares.
En cuanto al derecho a un hábitat digno, los niños, niñas y adolescentes son vulnerables a las privaciones en el hábitat, aunque los indicadores considerados presentan una evolución relativamente estable a lo largo del tiempo. En los primeros indicadores vinculados a la vivienda no se han registrado cambios sustantivos vinculados al contexto reciente de ASPO-Covid-19, pero se han registrado mejoras en el espacio del medio ambiente que, con la recuperación de la actividad económica en 2021, han experimentado un marcado retroceso, pero todavía lejos de las incidencias previas a la pandemia.
Los problemas del hábitat en términos de hacinamiento continúan afectando a 2 de cada 10 NNyA, pero casi a 4 de cada 10 en los estratos sociales más desfavorecidos. La calidad de las construcciones es precaria en niveles similares y marca las mismas disparidades sociales, mientras que las condiciones del saneamiento registran progresos sostenidos entre 2010 y 2018, pero sin cambios relevantes en los últimos años. Las diferencias regionales son notables, y especialmente perjudiciales para el Conurbano Bonaerense.
Respecto del derecho a la subsistencia, el informe arroja que la pobreza monetaria afecta en mayor medida a la población de NNyA, y en los últimos años se ha incrementado, alcanzado los mayores picos de la década. 6 de cada 10 NNyA residen en hogares pobres en términos monetarios, y alrededor de un cuarto de esta población reside en hogares indigentes.
En los últimos años, entre 2019-2020-2021, únicamente un 25% de la población de NNyA no fue pobre ni indigente de modo sostenido en el tiempo, y un 35% de esta población ha sido crónicamente pobre. Esta situación hubiese sido mucho más grave de no haber existido las transferencias de ingresos no contributivas como la AUH, IFE y Tarjeta AlimentAR en el contexto ASPO-DISPO-Covid-19, que, en el 2021, alcanzaron al 48% de la población de entre 0 y 17 años.
El informe también se encarga de analizar los procesos de crianza y socialización de la población de NNyA, en los cuales se advierte un gran deterioro en la estimulación del niño/a entre 0 y 8 años a través de la palabra. Durante la etapa previa a la pandemia por COVID-19 cerca de un 40% de los niños/as no solía ser receptor de cuentos ni narraciones orales, pero dicha cifra se elevó al 50% en 2020 y apenas cayó al 48% en 2021, afectando principalmente a los niños/as en edad escolar y mayormente a medida que desciende el estrato social.
