Es la pregunta que se plantea en el título de un documento la Comisión Episcopal de Educación, en la que reclama más presupuesto para educación, infancias vulnerables y personas con discapacidad.
La Comisión Episcopal de Educación difundió hoy un comunicado con el título “Educación, infancia, discapacidad… ¿son prioridades en la Argentina hoy?”, en el que reclama al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo más presupuesto para educación, infancias vulnerables y personas con discapacidad”
“Más allá de que la educación pública haya subido al podio de las noticias con motivo de darse a conocer el proyecto del Presupuesto Nacional para el 2023 –recientemente aprobado con media sanción por la Cámara Baja en la madrugada del martes 25 de octubre–, queda en evidencia que su prioridad en el ideario nacional no ocupa la agenda política ni social”, lamenta, y advierte: “Eso explica en gran parte su postergación y las enormes e inexplicables desigualdades que están a la vista en el territorio nacional, en especial en los tres niveles de la enseñanza básica que tienen por destinatarios a niños, adolescentes y jóvenes”.
“De aprobarse esta ‘Ley de leyes’ por la Honorable Cámara de Senadores, tan importante para la vida social, sin las correcciones que no pocas voces autorizadas han observado, estaríamos contradiciendo lo que en la Argentina se ha sostenido con orgullo, aun en los momentos más críticos: que cuidar a las nuevas generaciones y poner todos nuestros esfuerzos por educarlas es la mejor inversión, y nunca será un gasto excesivo”, sostiene.
Los obispos de la Comisión Episcopal de Educación, que preside el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli, consideran que “de cara al Presupuesto de la Nación, es importante que se resguarden los recursos para llevar adelante estas políticas integradoras en el área de la discapacidad”, porque –subrayan- “eso permitiría un desarrollo auspicioso a estas personas y su inclusión social les abriría puertas hasta ahora cerradas”.
Asimismo, solicitan a los miembros del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que “tengan en cuenta esta realidad para que se concrete en partidas presupuestarias que permitan continuar con la justa atención que se viene desarrollando y comenzar nuevas iniciativas hacia aquellos que justamente las requieren”.
“No está demás advertir que en el contexto de una pobreza estructural, la infancia y discapacidad pueden transformarse en un nuevo grupo social vulnerable si no se priorizan sus necesidades”, sostienen.
“La mayor alegría de la que puede gloriarse el Estado es asegurar los medios para educar al semejante, es decir, la mejor manera de fomentar el servicio al bien común, acrecentar la paz y la amistad social, afianzar un orden justo, cultivando los valores cívicos que arraiguen nuestra vocación democrática y republicana”, concluyen.
Fuente: AICA
